La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha dado un paso firme en su cruzada legal al lograr que un juzgado español admita a trámite una demanda colectiva contra Apple. El motivo es el presunto aprovechamiento ilícito de su situación dominante en el ecosistema iOS, afectando directamente a los usuarios de aplicaciones de música en streaming.
Esta acción judicial podría suponer un cambio importante en el sector digital, ya que se centra en las restricciones y comisiones que Apple habría impuesto a plataformas como Spotify, Deezer, YouTube Music o Tidal en su App Store. Según la OCU, estas condiciones generaron sobrecostes de hasta un 30% en las suscripciones que terminaron pagando los consumidores.
Una demanda con dimensión internacional
Lo que inició como una denuncia en España se ha transformado en una acción conjunta de varios países europeos coordinada por Euroconsumers. En total, son más de 500.000 usuarios afectados en España, Bélgica, Italia y Portugal que se habrían visto perjudicados por estas prácticas, con una reclamación global que ronda los 62 millones de euros.
El Juzgado de lo Mercantil nº16 de Madrid ha considerado que existen fundamentos suficientes para continuar con el proceso, lo que marca un precedente relevante al tratarse de un caso de presunto abuso de poder de mercado por parte de una multinacional tecnológica como Apple.
La OCU sostiene que Apple limitó activamente la competencia de su servicio Apple Music mediante prácticas que impedían a otras aplicaciones proporcionar información a los usuarios sobre precios alternativos o suscripciones externas a la App Store.
El sobrecoste del 30% en las suscripciones
Uno de los puntos clave de la demanda es la comisión obligatoria del 30% que Apple cobraba a los desarrolladores de apps musicales por cada suscripción realizada a través de la App Store. Esta comisión, que no se aplicaba a su propio servicio Apple Music, terminaba siendo trasladada al consumidor final.
Esto implicaba que un usuario que contrataba Spotify desde su iPhone, por ejemplo, podía pagar hasta un 30% más que si lo hubiera hecho desde otra plataforma, como en la web oficial del servicio. La OCU destaca que esta diferencia no era fácilmente visible ni accesible para los usuarios debido a las restricciones impuestas por Apple.
De hecho, la organización denuncia que los desarrolladores no podían incluir enlaces externos a sus propias webs dentro de sus aplicaciones en iOS, ni siquiera informar a los usuarios por email de promociones o alternativas de suscripción fuera del ecosistema Apple.
Bruselas también tomó cartas en el asunto
Estas prácticas no pasaron desapercibidas para la Comisión Europea, que en marzo de 2024 sancionó a Apple con una multa de 1.800 millones de euros por abuso de posición dominante. La investigación abarcó el periodo comprendido entre 2015 y 2024 y concluyó que Apple había restringido en exceso la competencia dentro de su tienda de aplicaciones.
Apple, por su parte, ha presentado un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea para intentar revertir esta sanción, pero el proceso judicial sigue abierto. Este precedente europeo fortalece, en parte, la estrategia legal de la OCU y del resto de organizaciones integradas en Euroconsumers.
Además de la devolución de los sobreprecios, el colectivo de consumidores exige el fin de estas prácticas que, a su entender, no solo perjudican a los usuarios sino también al resto de empresas tecnológicas que desean competir en igualdad de condiciones dentro del ecosistema de Apple.
¿Qué consecuencias puede tener esta demanda para los usuarios?
Si los tribunales fallan a favor de la OCU, la compañía estadounidense tendría que reembolsar a cada usuario el exceso pagado por suscripciones durante el periodo que se determine como afectado. Algunas estimaciones apuntan que, en función del tiempo que cada persona haya mantenido su suscripción activa, podría recibir una compensación importante, que incluiría intereses de demora.
La posibilidad de abrir la puerta a una mayor transparencia y libertad para los desarrolladores también está sobre la mesa. Si finalmente se prohiben o limitan estas comisiones y restricciones, los usuarios podrían acceder a mejores precios, ofertas más visibles y métodos de pago más flexibles.
Del mismo modo, este paso legal podría generar un precedente para otras compañías tecnológicas, obligándolas a adaptar sus políticas para cumplir con unas normas de competencia más equitativas en el entorno digital. Se trataría de un giro notable en la forma en que los gigantes tecnológicos operan en Europa.
En esta guerra legal que empieza a tomar forma, lo que está en juego no es solo una indemnización económica, sino el modelo de funcionamiento de uno de los mercados digitales más relevantes del mundo. Apple, acostumbrada a marcar sus propias reglas, podría tener que replantearse su estrategia si el proceso avanza como prevé la OCU.
Por ahora, lo que es seguro es que la firma liderada por Tim Cook enfrenta una presión creciente tanto desde instancias judiciales como por parte de sus competidores y consumidores. A falta de una sentencia definitiva, el hecho de que la demanda haya sido admitida ya supone un golpe para su reputación y una oportunidad para los usuarios de hacer valer sus derechos.
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