- Apple pagará hasta 95 millones de dólares para cerrar una demanda colectiva por las grabaciones involuntarias de Siri entre 2014 y 2024.
- Los usuarios elegibles en Estados Unidos pueden recibir hasta 20 dólares por dispositivo con Siri, según el número total de reclamaciones válidas.
- Apple niega haber usado los datos de Siri para publicidad y defiende que el asistente está diseñado con foco en la privacidad.
- El caso se suma a acuerdos similares de Google y reabre el debate sobre la privacidad de los asistentes de voz y la inteligencia artificial.
La multa de 95 millones de dólares que afronta Apple por Siri ha encendido de nuevo todas las alarmas sobre lo que escuchan nuestros dispositivos y qué se hace realmente con esas grabaciones. Lo que empezó como un “Oye Siri” cómodo y aparentemente inocente ha terminado en una de las demandas colectivas más sonadas de los últimos años en Estados Unidos, con millones de usuarios pendientes de un pago que ya ha comenzado a llegar.
En medio de este caso se mezclan activaciones accidentales del asistente, grabaciones de conversaciones privadas, uso de datos para mejoras internas y sospechas de publicidad dirigida. Y, aunque Apple insiste en que no ha hecho nada ilegal, ha preferido cerrar la batalla judicial con un acuerdo millonario antes que exponerse a un juicio largo, caro y potencialmente demoledor para su imagen.
Qué ha pasado exactamente con Apple, Siri y la multa de 95 millones de dólares
El corazón del conflicto está en que, según la demanda, Siri se activaba sin que el usuario quisiera y grababa fragmentos de conversaciones confidenciales, que después podían acabar en manos de Apple o de terceros contratistas. Esto habría ocurrido durante años en una enorme cantidad de dispositivos: iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iMac, HomePod, iPod touch e incluso Apple TV con Siri habilitado.
Los demandantes sostienen que esas activaciones involuntarias se producían durante charlas que se suponían absolutamente privadas, como consultas médicas, conversaciones íntimas de pareja, comentarios sobre consumo de drogas o información financiera delicada. Algunas de esas grabaciones se habrían utilizado en programas de control de calidad de Siri, donde personal externo escuchaba audios reales para mejorar la precisión del asistente.
El caso se presentó en tribunales federales en Estados Unidos, con una demanda colectiva liderada, entre otros, por el proceso conocido como Lopez v. Apple Inc., supervisado por un tribunal federal que autorizó una web oficial del acuerdo. Desde allí se ha centralizado toda la información sobre quién podía reclamar, cómo hacerlo y cuál sería el alcance económico del pacto con la compañía.
Apple, por su parte, ha mantenido desde el principio una postura firme: niega haber violado la ley, niega haber usado las grabaciones para publicidad y niega haber vendido datos a terceros. Según la empresa, Siri fue diseñado desde su origen con foco en la privacidad, sin crear perfiles comerciales con la voz del usuario. Aun así, y pese a insistir en que no ha incurrido en conducta indebida, la marca ha preferido pagar para “pasar página”.
Una de las claves del acuerdo es que no hay una sentencia que declare culpable ni a Apple ni que dé plena razón a los demandantes. El tribunal no se pronunció a favor de ninguna de las partes: simplemente validó que un pacto extrajudicial era la vía elegida para evitar los riesgos, los costes y la exposición pública de un juicio a gran escala.
El origen del problema: del “Oye Siri” a las escuchas polémicas
Para entender cómo se ha llegado hasta esta multa millonaria, hay que remontarse a septiembre de 2014, cuando Apple popularizó el comando “Oye Siri” con el iPhone 6s y otros dispositivos compatibles. Desde ese momento, el asistente pasó a estar a la escucha de forma continua para detectar la frase de activación, algo que ya levantó sospechas entre usuarios preocupados por la privacidad.
La tormenta estalló en 2019, cuando un informe de prensa reveló que para tareas de control de calidad. Según esos reportes, en esas muestras de audio aparecían conversaciones extremadamente sensibles: información médica privada, acuerdos relacionados con drogas, discusiones íntimas de pareja e incluso sonidos recogidos en situaciones muy personales.
Los reportes también indicaban que las activaciones accidentales de Siri eran mucho más frecuentes de lo que se creía. Es decir, el asistente empezaba a grabar sin que nadie dijera realmente “Oye Siri”, simplemente porque el sistema interpretaba mal otro ruido o frase similar. Esos momentos podían coincidir con charlas que el usuario jamás imaginó que se estaban registrando.
Ante el escándalo, Apple reaccionó con rapidez: se disculpó públicamente, aseguró que solo una pequeña parte de las grabaciones se enviaba a contratistas y anunció que se ponía fin a esa práctica tal y como se había llevado a cabo hasta entonces. La compañía suspendió temporalmente el programa de revisión humana mientras realizaba una auditoría interna.
Después de esa revisión, Apple aplicó cambios importantes en iOS: convirtió la participación en el programa de mejora de Siri en completamente opcional (opt-in). Es decir, los usuarios deben dar su consentimiento explícito para que ciertos audios se usen con fines de mejora. Además, reforzó su mensaje de que las grabaciones no se vinculan a identidades individuales y que su infraestructura impide usarlas para publicidad personalizada.
Quién puede cobrar dinero del acuerdo y en qué periodo
El acuerdo define un marco temporal claro: cubre las activaciones involuntarias de Siri producidas entre el 17 de septiembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2024. En ese lapso se sitúan todos los posibles incidentes relevantes para la demanda, desde la llegada del “Oye Siri” hasta la fecha límite fijada por el tribunal.
Solo son elegibles usuarios de Estados Unidos que hayan poseído o comprado un dispositivo Apple con Siri habilitado durante ese periodo y que, además, declaren que el asistente se activó por error mientras mantenían una conversación confidencial o privada. La demanda afecta tanto a propietarios actuales como a expropietarios de esos productos.
El listado de dispositivos cubiertos es muy amplio: iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iMac, HomePod, iPod touch y Apple TV, siempre que contaran con Siri activo. En algunos subcasos del acuerdo se ha limitado a un máximo de cinco dispositivos por persona para el cálculo de la compensación, aunque la cantidad final depende del conjunto de reclamaciones aprobadas.
Para poder recibir el pago, los usuarios debían presentar su reclamación antes del 2 de julio de 2025. Quien no haya completado el proceso dentro de ese plazo se queda fuera del reparto, incluso si cumple todos los criterios. Esto es habitual en demandas colectivas de este tipo, donde se fija una fecha límite clara para gestionar el fondo económico.
La mayoría de los posibles beneficiarios fue informada mediante notificaciones por correo postal o correo electrónico. Esos avisos incluían un Código de Identificación de Reclamación y un Código de Confirmación, dos claves imprescindibles para rellenar el formulario oficial de solicitud de pago en la web autorizada del caso.
Cuánto dinero se reparte y cómo se calcula el pago por dispositivo
El acuerdo establece un fondo máximo de 95 millones de dólares en efectivo que Apple destina a cerrar la demanda. De ese total deben salir tanto las indemnizaciones para los usuarios afectados como los honorarios de los abogados y otros gastos relacionados con el litigio.
Para los consumidores, la referencia es clara: se podrán recibir hasta 20 dólares por cada dispositivo con Siri incluido en una reclamación válida. Ese “hasta” es muy importante, porque la cifra final depende del número total de reclamaciones aceptadas y del volumen de dispositivos que se incluyan en cada una de ellas.
En la práctica, el sistema funciona así: se calcula un valor proporcional para cada dispositivo, dividiendo el dinero disponible para los usuarios entre el número total de unidades reclamadas dentro de los límites del acuerdo. Si hay muchas reclamaciones, la cantidad por dispositivo puede bajar de esos 20 dólares; si hay menos de las previstas, podría acercarse al máximo.
Los demandantes, representando a los consumidores, también han solicitado que el tribunal apruebe honorarios legales de hasta el 30 % del fondo total. En números redondos, esto podría ser en torno a 28,5 millones de dólares, a lo que se suman gastos de litigio de hasta 1,1 millones y compensaciones de hasta 10.000 dólares para cada uno de los representantes principales de la acción colectiva.
La última palabra sobre estas cifras la tiene el juez, que debe valorar si la remuneración a los abogados es razonable en relación con el trabajo realizado y los beneficios logrados para el grupo afectado. No es raro que en demandas de esta magnitud los honorarios sean muy elevados, dado el volumen de documentación, peritajes y años de procedimiento que arrastran.
Cómo se realizan los pagos y qué deben vigilar los usuarios
Una vez aprobado el acuerdo, empezó lo verdaderamente esperado por muchos: la distribución de los pagos a los usuarios que presentaron una reclamación válida. Según la información oficial del sitio del caso, el envío de las compensaciones arrancó el 23 de enero de 2026.
Los beneficiarios pueden recibir su parte del acuerdo mediante cheques físicos enviados por correo, depósitos ACH en cuenta bancaria o cheques digitales, dependiendo de la opción seleccionada durante el proceso de reclamación y de los procedimientos internos de las entidades financieras implicadas.
Por ese motivo, se recomienda a los usuarios que revisen con atención su bandeja de entrada del correo electrónico y también la carpeta de spam, porque algunas notificaciones o enlaces de pago pueden acabar allí. Lo mismo ocurre con el buzón físico: los cheques en papel pueden tardar un tiempo en llegar y es fácil pasarlos por alto si se confunden con correo publicitario.
Quienes hayan recibido una notificación con sus códigos, pero aún no completaron el formulario antes de la fecha límite, ya no podrán iniciar una nueva reclamación. El sistema queda cerrado en la fecha indicada por el tribunal para garantizar que el reparto sea gestionable y que se pueda calcular el importe definitivo para cada persona.
En cualquier caso, los administradores del acuerdo insisten en que el objetivo del reparto es que los miembros del grupo afectados obtengan una compensación justa sin necesidad de afrontar el desgaste de un juicio largo, ni de seguir pendientes durante años del resultado de recursos y nuevas apelaciones.
La postura oficial de Apple: defensa de la privacidad y negación de irregularidades
A pesar del pago millonario, Apple mantiene un mensaje muy claro: rechaza todas las acusaciones de haber actuado de forma ilegal o inapropiada. Para la compañía, el acuerdo es una vía pragmática para terminar con un frente judicial abierto que deriva de prácticas que, según ellos, ya fueron corregidas en 2019.
En declaraciones públicas, la empresa recalca que . Asegura que los datos del asistente no se han usado nunca para crear perfiles de marketing y que jamás se han vendido a terceros para ningún tipo de explotación comercial. El objetivo, insisten, es exclusivamente mejorar el funcionamiento de Siri.
Apple subraya también que, incluso en los programas de control de calidad, las grabaciones no se asociaban directamente a la identidad de una persona concreta, sino que se trataban como muestras anónimas destinadas a verificar si la respuesta del asistente resultaba adecuada o si el reconocimiento de voz funcionaba correctamente.
La compañía recalca que, tras las críticas de 2019, suspendió temporalmente el uso de contratistas externos para revisar audios y rediseñó el sistema para que fuese el propio usuario quien decidiera voluntariamente si quería contribuir a mejorar Siri. Hoy en día, esa decisión forma parte de las primeras preguntas que aparecen cuando se configura un nuevo iPhone u otro dispositivo compatible.
Al mismo tiempo, desde Cupertino admiten que han querido cerrar este capítulo para dejar atrás cualquier duda sobre los procesos de evaluación de calidad de Siri. Sin reconocer responsabilidad legal alguna, aceptan la indemnización para pasar página y centrar su discurso en que siguen desarrollando tecnologías que refuercen aún más la privacidad del asistente.
Google y otros asistentes también en el punto de mira
El caso de Apple no ha surgido en el vacío: los asistentes de voz en general están bajo escrutinio por posibles invasiones de privacidad. Google y Amazon, con sus respectivos sistemas Assistant y Alexa, también han enfrentado críticas y procesos judiciales por la forma en que tratan las grabaciones de los usuarios.
En paralelo al acuerdo de Apple, Google ha llegado a su propio pacto por un importe de alrededor de 68 millones de dólares, relacionado con acusaciones muy similares en torno a su Asistente en dispositivos Android. En este caso, los demandantes alegan que se activaba y grababa incluso sin que se pronunciara el comando “Ok Google”.
La demanda contra Google incluye a propietarios de dispositivos comercializados por la compañía y a usuarios de cuentas Gmail en Estados Unidos, cubriendo un periodo aproximado entre el 18 de mayo de 2016 y el 16 de diciembre de 2022. Este acuerdo todavía requiere la aprobación formal de un juez federal, de la misma forma que el de Apple tuvo que pasar por el filtro del tribunal.
Además, el escándalo de las escuchas que involucra tanto a Apple como a Google ha alimentado testimonios de usuarios que aseguran haber visto aparecer anuncios relacionados con marcas o tratamientos de salud que solo habían mencionado en conversaciones privadas, sin activar manualmente el asistente de voz en sus teléfonos.
Esos relatos refuerzan la preocupación creciente sobre cómo las grandes tecnológicas utilizan la información captada por micrófonos y asistentes inteligentes integrados en móviles y altavoces. Aunque las empresas suelen defender que no usan esos datos con fines publicitarios, la percepción pública es cada vez más crítica y desconfiada.
Implicaciones para la privacidad y el futuro de la inteligencia artificial
Más allá de la compensación económica, este caso pone sobre la mesa un debate muy de fondo: hasta qué punto estamos dispuestos a ceder privacidad a cambio de comodidad y funciones inteligentes. Los asistentes de voz se han vuelto tan cotidianos que a menudo olvidamos que, para funcionar, necesitan escuchar constantemente el entorno.
La combinación de micrófonos siempre activos, sistemas de inteligencia artificial cada vez más avanzados y ecosistemas de publicidad digital hipersegmentada hace que cualquier desliz en la gestión de los datos pueda tener un impacto enorme. Ya no hablamos solo de que una conversación se grabe por error, sino de lo que podría hacerse con esa información en manos equivocadas.
El acuerdo de Apple por 95 millones de dólares y el de Google por 68 millones, sumados, suponen al menos 163 millones de dólares destinados a cerrar heridas relacionadas con la privacidad en sus asistentes. Aunque para empresas de ese tamaño estas cifras representan una fracción mínima de sus beneficios, el daño reputacional y la presión regulatoria pueden ser mucho más costosos a largo plazo.
Este tipo de casos también están impulsando a legisladores y reguladores a endurecer las normas sobre cómo se captan, almacenan y procesan las comunicaciones personales. La línea entre “mejora del servicio” y “espionaje comercial” es cada vez más fina a ojos de la opinión pública, y las tecnológicas se ven obligadas a explicar con mucho más detalle qué hacen y qué no hacen con los datos.
En paralelo, también se ve un movimiento por parte de las propias compañías para ofrecer más controles al usuario, más transparencia y más opciones para borrar o limitar el uso de sus grabaciones. Funciones como eliminar el historial de conversaciones con el asistente, desactivar el entrenamiento con muestras de voz o restringir la activación por comandos son cada vez más visibles en los ajustes.
Al final, lo que está en juego es la confianza del usuario en un mundo donde la inteligencia artificial se integra en casi todos los dispositivos y servicios. Si la gente siente que no tiene control sobre lo que se graba y cómo se usa, adoptará con más cautela —o directamente rechazarán— muchas de las herramientas que la industria está impulsando como el futuro de la interacción digital.
Todo este caso de la multa de 95 millones de dólares a Apple por Siri, unido a los acuerdos similares de otras tecnológicas, deja claro que nos encontramos en un punto de inflexión: los asistentes de voz seguirán siendo parte del día a día, pero las empresas que los desarrollan tendrán que ganarse cada vez más, y con hechos, la confianza de unos usuarios mucho más informados y mucho menos dispuestos a aceptar “ya nos encargamos nosotros” como respuesta estándar.
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