- Cloudflare ha trasladado a la administración de Trump una queja ante la USTR por los bloqueos de IP asociados a la lucha antipiratería en España.
- La compañía alega interrupciones de servicios legítimos y barreras al comercio digital; LaLiga defiende bloqueos dinámicos y proporcionales avalados por sentencia.
- El caso podría influir en el informe de la USTR, con potencial impacto en relaciones comerciales entre EE. UU. y España.
- Francia e Italia aparecen también señaladas por Cloudflare por medidas similares, como el sistema Piracy Shield.
El pulso entre el ecosistema tecnológico y el negocio del deporte en España ha cruzado el Atlántico, con Cloudflare elevando sus quejas sobre los bloqueos de direcciones IP que aplican los operadores españoles a instancias de LaLiga. La compañía ha llevado el asunto ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que depende del Gobierno de Donald Trump.
En su escrito, la empresa con sede en San Francisco sostiene que el actual esquema de bloqueos antipiratería genera interrupciones colaterales en miles de servicios legítimos y, por tanto, constituye una barrera al comercio digital. La petición busca que el tema se incluya en el informe anual de la USTR, un documento que guía la presión bilateral para eliminar obstáculos al acceso de empresas estadounidenses en mercados extranjeros.
Qué ha pedido Cloudflare a la administración Trump
Cloudflare ha remitido una aportación formal para el Informe Nacional de Estimación Comercial de la USTR, en la que señala a España —junto a Francia e Italia— por autorizar órdenes judiciales que, a su juicio, son excesivamente amplias y permiten el bloqueo de direcciones IP completas utilizadas por miles de dominios.
Según la compañía, cada IP de su red canaliza tráfico de múltiples servicios y webs, por lo que un bloqueo sobre esa IP puede dejar fuera de servicio a tiendas online, plataformas tecnológicas o incluso sistemas domésticos conectados. En su argumentario, Cloudflare cita casos en España que habrían afectado a comercios electrónicos como Miravia, a actualizaciones de software como TrueNAS o a la domótica del hogar.
La empresa afirma que el marco actual no ofrece vías de recurso efectivas para los terceros perjudicados por los cortes y que las medidas impulsadas por los titulares de derechos no respetarían los principios de proporcionalidad, necesidad y adecuación. En paralelo, sostiene que las autoridades españolas conocen el problema y habrían optado por no intervenir para corregirlo.
Cómo funcionan los bloqueos en España, según las partes
En el centro del debate están las órdenes de bloqueo dinámico ejecutadas por los operadores de telecomunicaciones a petición de LaLiga y con autorización judicial. Estos bloqueos apuntan a infraestructuras que se usan para difundir contenidos deportivos sin permiso, y pueden dirigirse a dominios, subdominios o rangos de IP vinculados a esas retransmisiones.
Cloudflare reprocha que el uso de IP compartidas en servicios de red —común por razones de seguridad y rendimiento— hace que un solo bloqueo pueda tumbar decenas de miles de sitios legítimos no relacionados. La compañía califica el fenómeno de “interrupción generalizada y reiterada” y lo incluye en su listado de barreras comerciales ante Washington.
Por su parte, LaLiga replica que los bloqueos son «proporcionales, quirúrgicos y acotados temporalmente a las emisiones de los partidos», y que los ejecutan los ISPs siguiendo lo dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona. Además, recuerda que Cloudflare promovió un recurso de nulidad que fue desestimado, lo que para la patronal prueba que sí existen mecanismos judiciales para hacer valer los argumentos de las partes.
Impacto para servicios y usuarios en España
Más allá del rifirrafe jurídico, lo que preocupa al tejido digital es el efecto práctico: cortes en webs y servicios que nada tienen que ver con la piratería. Las incidencias reportadas incluyen comercios online, plataformas de descargas de firmware y herramientas de administración remota, con impactos que en ocasiones trascienden el horario de los partidos.
Cloudflare alerta de una pérdida de confianza en el mercado español por la imprevisibilidad regulatoria, lo que, a su juicio, restringe la capacidad de competir de proveedores estadounidenses. Desde el lado de LaLiga, se enfatiza que el dispositivo antipiratería forma parte de una estrategia integral —legal, educativa, institucional y tecnológica— y que los operadores aplican protocolos de verificación previos a cada bloqueo.
La respuesta de LaLiga
Tras conocerse el escrito ante la USTR, LaLiga difundió un comunicado en el que tildó de «inexactas y descontextualizadas» las afirmaciones de Cloudflare. La patronal asegura que su estrategia está respaldada por sentencias y por pronunciamientos parlamentarios, y que no ha recibido reclamaciones judiciales por daños derivados de los bloqueos dinámicos.
LaLiga afirma, además, que una parte significativa de la distribución ilícita de sus contenidos se apoya en infraestructuras de Cloudflare, situándola en el 38% a fecha de mayo. También sostiene haber logrado una reducción del 60% en los índices de piratería durante la última temporada gracias a su actuación coordinada con ISPs y otros intermediarios tecnológicos.
Posibles efectos en las relaciones comerciales
Si la USTR decide recoger la queja en su informe, España podría aparecer señalada como un país con obstáculos al comercio digital para proveedores de servicios estadounidenses. Ese informe sirve de referencia en negociaciones bilaterales de alto nivel y puede traducirse en presión diplomática para ajustar marcos regulatorios o prácticas de cumplimiento.
El expediente también coloca la cuestión en el radar político entre Washington y Madrid, en un momento en que el sector digital europeo vive una aceleración regulatoria. No hay garantías de medidas inmediatas, pero el foco de la USTR suele derivar en conversaciones técnicas y, llegado el caso, en recomendaciones de cambio de práctica o normativa.
El espejo europeo: Francia e Italia
Cloudflare no se limita a España. La compañía cita a Francia e Italia por marcos de bloqueo similares, y menciona expresamente el sistema Piracy Shield italiano, que exige a los proveedores cumplir órdenes en tiempos muy reducidos. A su entender, estas dinámicas también generan efectos colaterales en servicios legítimos de empresas estadounidenses.
En conjunto, el caso reabre un debate conocido en Europa: cómo equilibrar la persecución de la piratería con la protección de la conectividad de terceros, y qué límites técnicos y jurídicos deben imponerse a medidas que afecten a infraestructuras compartidas de red.
Con las posiciones enfrentadas y el asunto ya en la mesa de la USTR, el panorama queda en manos de lo que decida la administración estadounidense y de los eventuales ajustes que pueda introducir España en su aplicación práctica de los bloqueos. El sector estará atento a si se modulan los criterios técnicos, se refuerza la supervisión judicial o se delimita con mayor precisión el alcance temporal y de infraestructuras afectadas.
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