- La UE elimina el umbral de 150 €: aranceles desde el primer euro y posible tasa de 2 € por paquete, con transición en 2026 y despliegue pleno en 2028.
- Volúmenes desbordados (hasta 12 millones de paquetes diarios) y 91% de origen chino impulsan la reforma para frenar fraude e igualar la competencia.
- Impacto directo en precios y logística: más controles, datos por envío y probable consolidación de stock en la UE para mantener plazos y costes.
La Unión Europea ha decidido poner fin a un trato de favor que se había quedado obsoleto: la exención de derechos de aduana para los paquetes que llegan desde fuera del bloque con un valor inferior a 150 euros. A partir de ahora, y con una aplicación plena en 2028 y un régimen transitorio previsto para arrancar ya en 2026, los envíos de bajo valor procedentes de terceros países pagarán aranceles desde el primer euro. Este giro busca cortar de raíz la avalancha de microimportaciones vinculada al auge de plataformas como Temu, Shein o AliExpress y establecer condiciones de juego más equilibradas para las empresas europeas, que hasta ahora se veían en clara desventaja. En la práctica, el umbral de 150 euros desaparece y con él una grieta que se había convertido en coladero para fraude y competencia desleal.
La magnitud del fenómeno es enorme. En estos dos últimos años, el valor de los envíos por debajo de 150 euros que aterrizan en la UE se ha disparado y la inmensa mayoría procede de China. Distintas cifras oficiales apuntan que el 91% de estos paquetes vienen del país asiático, mientras que otras estimaciones hablan de hasta 12 millones de paquetes diarios y un volumen anual que se cifra en miles de millones (ya sea en euros o en número de envíos, según la fuente). Además, se baraja introducir una tasa de gestión fija por paquete de 2 euros para cubrir el coste administrativo, un complemento que, junto con los derechos de importación, encarecerá parte del catálogo “low cost” que llega a los buzones europeos.
Qué cambia exactamente
La clave de la reforma es que la exención arancelaria para importaciones de bajo valor, vigente desde 1983 y pensada para simplificar trámites en una era pre comercio electrónico, se elimina. Eso significa que todos los bienes que entren en la UE desde países terceros —sin distinción por importe— estarán sujetos a derechos de aduana. En la práctica, los aranceles se aplicarán desde el primer euro del valor declarado del producto, ya sea una funda para el móvil de 3 euros o unos auriculares de 25.
El cambio no apunta a un único actor, pero nadie duda de que el tiro va dirigido a los gigantes chinos del comercio online. Temu y Shein han cimentado parte de su competitividad en la combinación de precios de fábrica muy bajos y un sistema logístico de envíos individuales al consumidor que, gracias al de minimis, evitaba pagar derechos de aduana. Con la reforma, ese modelo pierde su ventaja y las aduanas ganan capacidad de control en frontera.
Fechas y transición: 2026 frente a 2028
La hoja de ruta original situaba la aplicación de la gran reforma aduanera en 2028, cuando debe entrar en funcionamiento un centro de datos aduaneros común para toda la UE. Ese sistema permitirá intercambiar información en tiempo real y automatizar parte del cálculo de las deudas aduaneras por artículo. Sin embargo, los ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) han avalado acelerar los tiempos con un régimen transitorio para comenzar a cobrar aranceles ya en 2026. La justificación es simple: la urgencia del problema no permite esperar a que todo el andamiaje tecnológico esté listo.
En esta fase intermedia, los Estados miembros recurrirán a soluciones prácticas: procedimientos simplificados, esquemas de predeclaración a cargo de las plataformas de comercio electrónico y posibles tasas planas de tramitación. Todo ello encaminado a evitar que el sistema se colapse ante millones de microimportaciones diarias. El compromiso político es claro y ha recibido el espaldarazo de la Comisión y de gobiernos clave: entrar en 2026 cobrando derechos en los envíos de bajo valor y rematar la transición en 2028 con el centro de datos plenamente operativo.
Por qué se acaba el de minimis
La exención había dejado de cumplir su función original. En un entorno con plataformas capaces de vender directamente desde fábricas asiáticas al consumidor europeo, el incentivo a fragmentar pedidos en múltiples paquetes pequeños o a declarar valores artificialmente bajos se disparó. De hecho, Bruselas estima que cerca del 65% de los pequeños envíos están infravalorados con la finalidad de esquivar impuestos. Este comportamiento erosiona la recaudación, alimenta la llegada de productos que no siempre cumplen la normativa y, sobre todo, desequilibra la competencia en perjuicio de las empresas radicadas en la UE.
Las autoridades subrayan además riesgos en materia de seguridad de producto y medioambientales. La entrada masiva de millones de paquetes diarios complica la supervisión aduanera y permite que se cuelen falsificaciones o artículos que no superan los estándares europeos. También multiplica la huella de carbono asociada al transporte de envíos individuales, un coste oculto que la política comunitaria quiere corregir. En suma, el fin del umbral de 150 euros se plantea como un triple movimiento: combatir el fraude, reforzar la seguridad y nivelar el terreno competitivo.
Las cifras del fenómeno, puestas en contexto
Los datos que circulan en los informes comunitarios y en las comunicaciones oficiales trazan la dimensión de lo que está en juego. A continuación, algunos hitos que ayudan a entender por qué se actúa con prisa:
- El valor de los envíos de menos de 150 euros que llegan a la UE se ha multiplicado en dos años: de 1.200 millones de euros en 2022 a 4.600 millones en 2024, según cifras citadas por la Comisión. Aquí el mensaje es claro: crecimiento explosivo.
- Otras estimaciones hablan de 4.600 millones de envíos en un año, equivalentes a unos 12 millones de paquetes diarios. Ambas lecturas (valor total o número de bultos) reflejan la misma realidad: volúmenes ingobernables para aduanas.
- Alrededor del 91% de los paquetes de bajo valor provienen de China; hay referencias que elevan al 90% la cuota del origen chino sobre la paquetería importada, lo que evidencia la dependencia de un solo foco.
- Un informe encargado por la UE estimó que se dejaban de ingresar 1.500 millones de euros anuales por este tipo de importaciones. Esa brecha fiscal alimenta las prisas por cambiar las reglas.
- La Comisión calcula que cerca del 65% de los pequeños paquetes llegan infravalorados de forma deliberada, una práctica que el fin del de minimis pretende atacar de forma frontal y medible en frontera.
Impacto para el consumidor: precios, trámites y catálogo
Para los compradores, el cambio tendrá consecuencias tangibles. Desde 2021 el IVA ya se recauda en origen mediante el sistema IOSS en las compras online a vendedores no comunitarios, pero ahora se sumarán los derechos de importación y, previsiblemente, una tasa fija de gestión de 2 euros por paquete. Resultado: parte de los productos que hoy parecen imbatibles en precio se encarecerán y algunas tiendas ajustarán su oferta. Es razonable esperar que ciertos artículos suban de precio o tarden algo más en llegar por los nuevos controles.
También cabe que las plataformas reorganicen su logística para consolidar envíos en almacenes dentro de la UE y reducir así el número de bultos individuales que cruzan la frontera, lo que podría mejorar tiempos de entrega una vez superada la transición. Entre los usuarios, además, circulan ideas como los pedidos conjuntos para superar el antiguo umbral de 150 euros, aunque con el nuevo esquema esa estrategia pierde sentido. En cualquier caso, no sería raro ver una especie de “compra de última hora” antes de que arranque el periodo transitorio de 2026.
Por otro lado, la Comisión defiende que la reforma reforzará la protección del consumidor: con más datos por envío y mayor trazabilidad, será más difícil que lleguen a domicilio productos peligrosos o fuera de norma. Esa vigilancia, alineada con el marco digital vigente, se traduce en más seguridad para el comprador, aunque suponga pagar un poco más.
Efectos sobre plataformas y vendedores de fuera de la UE
El modelo de negocio de los gigantes chinos del ‘ecommerce’ se verá obligado a evolucionar. La eliminación de la exención deja de premiar el envío individual ultrabarato y empuja a consolidar stock en territorio comunitario o a asumir los aranceles y tasas desde el origen. Es probable que veamos un mayor uso de almacenes europeos, acuerdos con operadores logísticos y procesos de predeclaración que faciliten el despacho. Todo ello con el objetivo de sostener ventas sin perder competitividad, aunque parte de ese coste extra pueda trasladarse al precio final. En términos operativos, la logística será menos fragmentada.
Para los pequeños vendedores extracomunitarios que se apoyan en grandes marketplaces globales, el listón también subirá. La exigencia de datos completos por envío y la liquidación de aranceles pueden imponer obligaciones administrativas nuevas que, en la práctica, expulsen a quienes no profesionalicen su gestión. Esta depuración del ecosistema es uno de los efectos secundarios más comentados: mantener acceso al mercado europeo exigirá cumplir de manera estricta tanto en aduanas como en normas de seguridad de producto.
Competencia: respiradero para la industria europea
En el frente competitivo, la medida pretende enderezar un desequilibrio evidente: las compañías europeas pagan derechos cuando importan en volumen y se ajustan a la normativa comunitaria, mientras que miles de miniimportaciones directas al consumidor venían esquivando los aranceles. La eliminación del de minimis podría ser el alivio que reclamaban sectores como el textil, la cosmética o el juguete, golpeados por la entrada de planchas de producto baratísimo y, en demasiadas ocasiones, de dudosa calidad. Según cálculos de la Comisión, las infracciones de propiedad intelectual causan pérdidas equivalentes al 5% de la facturación anual en textil y cosmética, y rozan el 9% en juguetes. En España, la patronal juguetera ha señalado que el canal online le resta alrededor de un 11% de ventas en campaña, un fenómeno que en parte se explica por la facilidad de compra transfronteriza a golpe de clic.
El discurso político que acompaña a la reforma es inequívoco: nivelar las condiciones entre los que producen y distribuyen desde la UE y quienes venden desde fuera sin soportar los mismos costes regulatorios. Varios líderes comunitarios han defendido que se trata de garantizar la competencia leal y reforzar la aplicación de la norma, todo ello con el añadido de una mayor protección del consumidor. El mensaje de fondo es que Europa no quiere blindarse, pero tampoco tolerar zonas grises que perviertan el mercado único.
Capacidad aduanera y el nuevo centro de datos
El éxito de la reforma se jugará, en gran parte, en la capacidad real de las aduanas para gestionar millones de microenvíos sin que los aeropuertos y centros de clasificación colapsen. La gran apuesta tecnológica es un futuro centro de datos aduaneros de la UE, una plataforma común para intercambiar información y automatizar el cálculo de deudas por producto. Ese “cerebro” no estará operativo hasta 2028, por lo que el periodo 2026-2028 será un test de estrés: simplificación de procedimientos, tasas planas y predeclaración por parte de plataformas y operadores. Quien no aporte datos precisos, se arriesgará a retrasos y costes adicionales.
La paradoja es que, sin músculo tecnológico y humano suficiente, la eliminación del de minimis podría quedar en papel mojado o derivar en demoras generalizadas. De ahí que el plan transitorio contemple herramientas pragmáticas que permitan cobrar aranceles sin atascar el sistema. La coordinación entre Estados miembros y la responsabilidad de las grandes plataformas en el suministro de información serán decisivas para evitar cuellos de botella.
Dimensión internacional: el espejo de Estados Unidos
La UE no navega sola. Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos ya ha dado pasos en la misma dirección al restringir la célebre exención de minimis, que permitía entrar paquetes de bajo valor sin aranceles —en su caso, con un umbral de 800 dólares—. Una orden ejecutiva abrió la puerta a endurecer ese régimen y, aunque después hubo matices y ajustes, el impacto en el comercio de pequeños paquetes procedentes de China ha sido notable. Europa lee ese precedente como validación de que cerrar la excepción es viable, aunque su modelo y su calendario tengan particularidades propias.
En la práctica, el movimiento comunitario se enmarca en un clima de mayor escrutinio hacia prácticas comerciales consideradas desleales y hacia riesgos asociados a la importación masiva de productos baratos. La coordinación con socios y la presión regulatoria apuntan a un mismo objetivo: recuperar el control del flujo de paquetería de bajo valor sin asfixiar el comercio legítimo.
Investigaciones y seguridad del producto: Temu y Shein bajo la lupa
Más allá de los aranceles, las plataformas estrella del ‘ultra fast fashion’ y el bazar digital low cost encaran frentes regulatorios específicos. Temu está siendo investigada en el marco de la Ley de Servicios Digitales por no evaluar ni mitigar adecuadamente el riesgo de venta de productos ilegales o potencialmente peligrosos. Una operación de compra encubierta de la propia Comisión apuntó a un riesgo elevado de encontrar artículos no conformes, desde juguetes a pequeños electrónicos. Shein, por su parte, ha tropezado con autoridades nacionales, como en Francia, donde se le exigió retirar productos muy sensibles y quedó bajo vigilancia estricta. En ambos casos, el mensaje es que la UE no solo pretende cobrar derechos, sino también vigilar la seguridad y la trazabilidad de lo que se vende en su mercado.
Ese énfasis en la seguridad del consumidor se integra con el giro aduanero: más datos por envío y mayor cooperación entre aduanas facilitan detectar y bloquear mercancía no conforme. Si a ello se añade la presión económica de los derechos de importación y las posibles tasas de gestión, el resultado natural es un ecosistema en el que vender barato y sin controles deja de ser tan sencillo. A medio plazo, se espera que esta combinación de palancas reduzca los incentivos al fraude.
¿Qué pueden esperar las finanzas públicas y el medio ambiente?
Desde el punto de vista fiscal, la reforma aspira a recuperar ingresos perdidos por la vía del fraude y de la excepción. Se ha llegado a cuantificar en 1.500 millones de euros la recaudación que la UE dejaba de ingresar por las importaciones de menos de 150 euros. Con el nuevo esquema, ese dinero debería retornar —al menos en parte— a las arcas públicas, compensando también el coste de gestionar un mar de paquetes. La propuesta de introducir una tasa fija de 2 euros por paquete va en esa línea: cubrir el gasto administrativo que hoy absorben las aduanas.
En el plano ambiental, la incentivación del envío individual a muy bajo coste ha disparado el número de bultos que cruzan el mundo en avión. Al retirar esa ventaja, la UE espera reforzar modelos de consolidación logística y distribución más eficientes, con menos emisiones por unidad vendida. Este es un beneficio indirecto —y difícil de medir a corto plazo—, pero coherente con una agenda climática que busca internalizar los costes reales del transporte.
Cómo encajará el mercado: reacciones previsibles
Las plataformas chinas tomarán decisiones rápidas: subir algunos precios, absorber parte del coste para mantener artículos reclamo, o acercar inventario a suelo europeo para agilizar entregas y reducir incertidumbre aduanera. Las marcas y retailers europeos, por su lado, celebrarán un campo de juego menos inclinado, aunque la competencia por precio seguirá siendo intensa. Queda por ver hasta qué punto el consumidor está dispuesto a sacrificar inmediatez o chollos por un entorno de mayor seguridad y cumplimiento. En todo caso, el equilibrio del ecosistema se reajustará.
Habrá también aprendizaje institucional. Las aduanas pondrán a prueba protocolos nuevos, los operadores logísticos ajustarán rutas y capacidad, y las marketplaces seguirán afinando sus sistemas para capturar y remitir datos completos de cada paquete. El quién paga qué (vendedor, plataforma o cliente final) variará por categoría y por vendedor, pero la tendencia es clara: menos opacidad y más trazabilidad en cada envío.
Los próximos meses estarán llenos de hitos: definición de la solución transitoria para 2026, concreción de la posible tasa de 2 euros, adaptación técnica de plataformas y operadores, y fortalecimiento de la cooperación entre Estados miembros. Todo lo que facilite automatizar el cálculo de derechos por artículo y reducir intervención manual en aduanas, ayudará a que la transición sea viable sin repetir la foto de almacenes saturados. La gran prueba de fuego llegará cuando el centro de datos aduaneros esté plenamente activo y pueda descargar trabajo a las fronteras.
La eliminación del umbral de 150 euros cambia las reglas del juego del comercio electrónico transfronterizo de bajo valor en Europa. Habrá más control, más costes por paquete y menos margen para prácticas irregulares. Los consumidores lo notarán —algo de subida en determinados precios y más filtros de seguridad— y las plataformas ajustarán su logística y sus catálogos. Si la implementación cumple lo prometido, el mercado europeo ganará en competencia leal y en protección del usuario, y el viejo truco de la camiseta de cinco euros que atraviesa medio planeta sin pagar aranceles tendrá, por fin, fecha de caducidad.
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