Por qué la confianza en los proveedores de ciberseguridad está en crisis

La confianza en los proveedores de ciberseguridad se ha convertido en uno de los puntos más delicados de la estrategia digital de cualquier empresa. No hablamos solo de si una solución bloquea más o menos ataques, sino de algo mucho más profundo: hasta qué punto las organizaciones creen de verdad en quienes dicen protegerlas, cómo lo miden y qué impacto tiene esa percepción en el riesgo real que asumen.

El estudio global “Cybersecurity Trust Reality 2026”, respaldado por Sophos y realizado a 5.000 organizaciones de 17 países, pone números a esta situación y el resultado es bastante claro: la confianza es frágil, difícil de evaluar y ya no se puede gestionar a golpe de eslogan comercial. En un entorno con amenazas constantes, regulaciones cada vez más duras y una adopción acelerada de la inteligencia artificial, la capacidad de demostrar con pruebas que un proveedor es fiable se ha vuelto tan importante como la propia tecnología de defensa.

Un problema global: casi nadie confía del todo en sus proveedores

Los datos del informe son contundentes. A nivel mundial, el 95 % de las organizaciones reconoce que no tiene plena confianza en sus proveedores de ciberseguridad. No es que no confíen en absoluto, pero sí dejan claro que hay un margen de duda significativo respecto a cómo trabajan esos socios, qué nivel de madurez tienen y cómo van a responder cuando haya un incidente serio.

Además, un 79 % de los encuestados afirma que le resulta complicado evaluar la fiabilidad de nuevos partners de ciberseguridad. Es decir, cuando se plantea incorporar un nuevo proveedor al ecosistema de seguridad, la mayoría de las empresas se encuentra con que no dispone de información clara, objetiva y suficientemente detallada para valorar si esa organización merece o no su confianza.

La cosa no mejora demasiado con los socios ya consolidados: más de seis de cada diez compañías (62 %) señalan que también les resulta difícil analizar con rigor a los proveedores actuales. Este escenario, lejos de ser solo una incomodidad, tiene un efecto directo en el nivel de riesgo que las empresas perciben que están asumiendo.

De hecho, más de la mitad de las organizaciones (51 %) declara que ha aumentado su preocupación ante la posibilidad de sufrir un incidente cibernético grave precisamente por esta falta de confianza. No es solo miedo generico a los ciberataques, sino ansiedad vinculada a la duda de si el proveedor elegido estará realmente a la altura cuando llegue el momento de la verdad.

Esta combinación de escepticismo y dificultad para evaluar a los partners lleva a una conclusión clara: la eficacia de la ciberseguridad ya no se mide solo por el rendimiento tecnológico, sino por la credibilidad y la transparencia de quienes están detrás de las soluciones. Para los CISO y los equipos de seguridad, esa brecha de confianza se traduce en fricciones internas, procesos de decisión más lentos y una mayor rotación de proveedores.

La confianza como factor de riesgo medible, no como concepto abstracto

Uno de los mensajes clave del informe es que la confianza deja de ser algo etéreo para convertirse en un elemento de riesgo perfectamente cuantificable. Ross McKerchar, CISO de Sophos, lo resume con claridad: cuando una organización no puede comprobar de forma independiente la madurez de seguridad, la transparencia o las prácticas de gestión de incidentes de un proveedor, esa incertidumbre salta directamente a los comités de dirección y condiciona la estrategia global.

En la práctica, esto significa que la percepción sobre el proveedor influye tanto como los indicadores técnicos. Una empresa puede tener un gran despliegue de herramientas avanzadas, pero si no entiende cómo trabaja su socio, qué procesos tiene para responder a incidentes o qué controles externos validan lo que afirma, la sensación de inseguridad seguirá ahí. Y esa sensación, en ciberseguridad, suele traducirse en más controles, más auditorías y más freno a la hora de tomar decisiones.

Los resultados del estudio muestran que, cuando no hay confianza sólida, se producen efectos muy concretos: ciclos de venta más largos, requisitos de supervisión más estrictos, más discusiones internas entre TI y dirección y una tendencia creciente a cambiar de proveedor ante la mínima duda. En algunos análisis específicos dirigidos al canal, se pone de manifiesto que el 45 % de los clientes se siente más predispuesto a sustituir a su partner y que el 42 % incrementa los niveles de control sobre él.

En paralelo, un 41 % de los encuestados reconoce que tiene menos sensación de tranquilidad respecto a su postura de seguridad cuando desconfía de su proveedor, y un 38 % llega a plantearse si se equivocó a la hora de elegirlo. Este clima genera un círculo vicioso: más desconfianza, más presión sobre el canal y más dificultades para construir relaciones estables a medio y largo plazo.

La investigación deja claro que la confianza se convierte, por tanto, en una pieza central de la gestión de riesgo. Igual que se miden los tiempos de respuesta ante incidentes o el volumen de alertas, se empieza a medir hasta qué punto se confía en el partner, qué evidencias se tienen de su buen hacer y cómo se gestionan las dudas que van apareciendo.

Qué impulsa realmente la confianza: verificaciones, certificaciones y madurez operativa

El informe identifica un conjunto de elementos que actúan como “artefactos verificables” de seguridad y que son los que más peso tienen a la hora de reforzar la confianza. Entre ellos destacan tres pilares fundamentales: las evaluaciones independientes, las certificaciones reconocidas y la demostración clara de madurez operativa en ciberseguridad.

Las evaluaciones de terceros —como auditorías externas, análisis de firmas de consultoría o informes de analistas de mercado— proporcionan un punto de vista objetivo que muchas empresas consideran imprescindible. No se trata solo de que el proveedor diga que lo hace bien, sino de que alguien ajeno a la compañía lo revise y lo valide con criterios reconocidos.

En segundo lugar, las certificaciones formales en seguridad (normas internacionales, marcos de buenas prácticas, cumplimiento de estándares regulatorios, etc.) funcionan como una especie de atajo de confianza. No son una garantía absoluta, pero sí indican que el proveedor ha pasado por procesos de revisión exigentes y que está alineado con los requisitos esperables para operar en entornos críticos.

El tercer bloque lo forma la madurez operativa demostrable: procesos de gestión de incidentes bien definidos, políticas de actualización y parches, programas de bug bounty, centros de confianza públicos o repositorios donde se documenta de forma transparente cómo se actúa ante vulnerabilidades. Todos estos elementos permiten a las empresas ver, con cierto detalle, qué hay detrás del marketing.

La encuesta también pone de manifiesto que hay matices en función del perfil que evalúa al proveedor. Los CISO y equipos técnicos tienden a dar más peso a la transparencia durante los incidentes, a la calidad del soporte en el día a día y al rendimiento técnico sostenido en el tiempo. Por su parte, los consejos de administración y la alta dirección miran especialmente la validación externa: certificaciones, auditorías y posicionamiento en informes de analistas.

En cualquier caso, el patrón común es evidente: las organizaciones buscan transparencia respaldada por pruebas concretas, no promesas generales ni mensajes publicitarios. Cuando la información es escasa, poco clara o excesivamente comercial, la desconfianza crece y el proveedor lo paga en forma de más exigencias y menos oportunidades.

La presión regulatoria convierte la confianza en un requisito de cumplimiento

El contexto regulatorio actual añade una capa extra de complejidad. Según explica Phil Harris, responsable de investigación en Governance, Risk and Compliance Solutions en IDC, la presión normativa está disparándose a nivel global y esto obliga a las organizaciones a demostrar que han actuado con la debida diligencia en la selección de sus proveedores de ciberseguridad.

Esto es especialmente sensible cuando entra en juego la inteligencia artificial. La IA se está integrando de forma acelerada en herramientas, servicios y flujos de trabajo de seguridad: detección de amenazas, automatización de respuestas, análisis de comportamiento, etc. En este escenario, las empresas no se conforman con saber si las soluciones son eficaces, sino que exigen garantías de que la IA se emplea de forma responsable, transparente y con una gobernanza sólida.

La consecuencia directa es que la confianza deja de ser un simple mensaje de marketing para transformarse en un criterio de cumplimiento defendible. Las organizaciones deben poder mostrar a reguladores, auditores y, llegado el caso, a tribunales, que han elegido proveedores que cumplen unos estándares razonables y que han evaluado adecuadamente los riesgos asociados.

Esto obliga a los socios de ciberseguridad a ir un paso más allá: ya no basta con decir que se cumple una norma, es necesario aportar evidencia documental, procesos claros y trazabilidad de las decisiones tomadas. Quienes no sean capaces de ofrecer ese nivel de transparencia se encontrarán con cada vez más puertas cerradas en proyectos regulados o en sectores especialmente críticos.

Para el canal y para los fabricantes, este cambio implica un giro de mentalidad: la gestión de la confianza pasa a ser parte central de su propuesta de valor. La manera en que explican sus controles, cómo abren sus procesos a revisión y la facilidad con la que un cliente puede validar lo que se le cuenta se convierten en factores diferenciales frente a la competencia.

La irrupción de la IA en ciberseguridad: eficacia, pero también responsabilidad

El informe remarca que la adopción de inteligencia artificial en la defensa digital no solo está cambiando la forma en la que se detectan y responden a los ataques, sino también la forma en la que se evalúa la confianza en los proveedores. La IA abre la puerta a automatizar decisiones críticas, analizar grandes volúmenes de datos y anticipar patrones de ataque, pero al mismo tiempo genera dudas sobre su gobernanza.

Las organizaciones ya no se preguntan únicamente si un sistema basado en IA mejora las tasas de detección o reduce los tiempos de respuesta, sino si esa IA se ha entrenado con datos adecuados, si respeta la privacidad, si hay mecanismos para auditar sus decisiones y si existe la posibilidad de intervenir manualmente cuando algo no encaja.

En este contexto, los proveedores se ven obligados a ser muy claros sobre cómo integran la IA en sus productos y servicios. Necesitan explicar qué procesos de control aplican, cómo gestionan los sesgos potenciales, qué límites ponen a la automatización y de qué manera se supervisa el comportamiento de estos sistemas a lo largo del tiempo.

Desde el punto de vista del cumplimiento, la IA añade un nivel extra de responsabilidad. Reguladores y organismos de control empiezan a fijarse no solo en si una organización tiene soluciones avanzadas, sino en si puede demostrar que ha evaluado correctamente los riesgos asociados a la IA y que trabaja con proveedores capaces de soportar esa carga de cumplimiento.

En definitiva, la integración de la inteligencia artificial hace que la confianza sea todavía menos opcional. Si antes ya era importante, ahora se convierte en una condición indispensable para poder desplegar tecnologías que toman decisiones semiautónomas en entornos sensibles.

La falta de transparencia como principal freno a la confianza

Uno de los hallazgos más repetidos a lo largo de las distintas variantes del estudio es que el gran obstáculo para confiar en un proveedor es la escasez de información clara, accesible y profunda. Los encuestados señalan de forma mayoritaria que la información que reciben no es lo suficientemente detallada o está excesivamente filtrada por el departamento de marketing.

Casi la mitad de las organizaciones consultadas considera que la documentación técnica y de seguridad no es lo bastante objetiva, mientras que un porcentaje muy relevante admite que le cuesta interpretarla por su complejidad o por la forma en que se presenta. A esto se suman problemas habituales como la existencia de datos contradictorios, mensajes confusos o información dispersa en múltiples fuentes.

El resultado práctico es que muchos equipos de TI y seguridad se ven forzados a dedicar más tiempo del deseable a intentar descifrar qué hay realmente detrás de cada solución, con reuniones adicionales, peticiones constantes de aclaraciones y solicitudes de documentación extra. Cuando esa información no llega o llega tarde, la confianza se resiente.

El propio McKerchar subraya que la confianza debe ganarse de manera continua mediante transparencia, rendición de cuentas y validación independiente. No vale con publicar un documento estático una vez y olvidarse; es necesario mantener al día la información, abrir canales para resolver dudas y ofrecer visibilidad sobre incidentes relevantes y cómo se han gestionado.

Para responder a esta demanda, algunos proveedores están creando Centros de Confianza, plataformas donde concentran toda la información clave de seguridad: políticas, certificaciones, detalles de arquitectura, datos sobre el procesamiento de información, referencias a auditorías externas, etc. El objetivo es que los responsables de seguridad puedan tomar decisiones mejor informadas y con menos fricción.

Diferencias de percepción entre TI, CISO y alta dirección

Otro punto interesante del estudio es la brecha de percepción interna que existe en muchas organizaciones entre los equipos técnicos y los órganos de gobierno a la hora de evaluar la fiabilidad de los proveedores. Según los datos, alrededor del 78 % de las empresas afirma que hay discrepancias de opinión entre TI y la alta dirección sobre la confianza que merece un partner de seguridad.

En casi un tercio de los casos, este desacuerdo se produce con frecuencia, y en un 43 % aparece de forma ocasional pero recurrente. Esto refleja que no siempre hay un lenguaje común para hablar de riesgo y de confianza, y que cada grupo da más peso a unos factores u otros según su rol y sus responsabilidades.

Los equipos técnicos suelen fijarse en el rendimiento diario de las herramientas, la calidad del soporte, la transparencia en la gestión de incidentes y la capacidad del proveedor para responder con rapidez a vulnerabilidades y cambios de entorno. Para ellos, la experiencia práctica pesa tanto o más que las credenciales formales.

La alta dirección y los consejos de administración, en cambio, miran el cuadro desde más arriba. Suelen priorizar la estabilidad del proveedor, su reputación en el mercado, las certificaciones oficiales, las auditorías de terceros y el posicionamiento en informes de analistas. Buscan garantías que puedan explicar con claridad ante auditores, reguladores o accionistas.

Cuando estas dos visiones no se alinean, la empresa corre el riesgo de tomar decisiones de seguridad a medias: o bien se subestima la importancia de la experiencia técnica real, o bien se restan importancia a los requisitos de cumplimiento y gobernanza. De ahí la importancia de traducir los riesgos técnicos a lenguaje de negocio y, al mismo tiempo, bajar a tierra los requisitos de la alta dirección para que los equipos de TI sepan cómo actuar.

El caso de Colombia: desconfianza más acusada y capacidades limitadas

Aunque el informe tiene un alcance global, algunos resultados específicos, como los recogidos en Colombia, muestran, acorde con un mapa de actividad de malware en América Latina, hasta qué punto el problema puede ser aún más intenso en determinados mercados. En este país, ninguna de las organizaciones consultadas afirma confiar plenamente en sus proveedores de ciberseguridad, y un 85 % asegura tener dificultades serias para evaluar su fiabilidad.

Buena parte de esta dificultad se explica por la falta de información clara y verificable. Más de la mitad de las empresas colombianas encuestadas (54 %) considera que los datos disponibles sobre los proveedores no tienen el nivel de detalle necesario o no permiten comprobar con facilidad las afirmaciones que se hacen. A esto se une que un 53 % reconoce no contar con capacidades internas suficientes para realizar evaluaciones profundas de seguridad.

El impacto en la percepción de riesgo es muy evidente: un 55 % de las organizaciones en Colombia declara una mayor ansiedad ante la posibilidad de sufrir un incidente cibernético grave vinculado a la falta de confianza en sus socios, mientras que un 54 % se plantea cambiar de proveedor como respuesta a esta incertidumbre.

Además, un 51 % reconoce que tiene dudas sobre las decisiones que ha tomado en materia de ciberseguridad y un 43 % afirma haber incrementado los niveles de supervisión interna sobre sus partners. Esta intensificación del control suele traducirse en más revisiones, más burocracia y más carga para los equipos de TI y seguridad.

El informe también detecta una brecha interna relevante en el país: un 76 % de las empresas reporta diferencias entre los equipos técnicos y la alta dirección en la evaluación de proveedores y la gestión del riesgo, con un 33 % donde este conflicto es frecuente y un 43 % donde aparece de forma ocasional. Todo ello en un tejido empresarial donde predominan compañías de tamaño medio y grande, con un peso importante de organizaciones entre 251 y 500 empleados y entre 3.001 y 5.000 trabajadores.

La ciberseguridad como esfuerzo integral: tecnología, procesos y personas

Más allá de las cifras y las percepciones, el informe recuerda que la ciberseguridad en la empresa es una combinación de tecnologías, procesos y políticas orientadas a proteger sistemas, redes y datos frente a amenazas internas y externas. Firewalls, antivirus, sistemas de detección de intrusiones, cifrado en la nube o controles de acceso son solo una parte de la ecuación.

Todo este entramado técnico se apoya en protocolos de actualización continua y monitoreo en tiempo real para identificar actividades sospechosas y responder con rapidez a posibles incidentes. Sin una operación sólida y bien coordinada, incluso las mejores herramientas pierden buena parte de su eficacia.

Además, el factor humano juega un papel crítico. Las organizaciones dependen de la formación y concienciación de sus empleados para evitar que errores básicos —como contraseñas débiles, clics en correos maliciosos o un uso descuidado de dispositivos móviles— abran la puerta a ataques que podrían haberse evitado.

Por eso, las políticas de seguridad suelen incluir normas claras sobre el uso de contraseñas, el acceso remoto, el manejo de información sensible y la protección de equipos. También se realizan simulacros de respuesta a incidentes, revisiones periódicas de vulnerabilidades y ejercicios de phishing interno para comprobar hasta qué punto la plantilla está preparada.

Desde esta perspectiva, la confianza en los proveedores no es un elemento aislado, sino una extensión natural de la propia estrategia de ciberseguridad. Igual que se pide rigor a los equipos internos, se exige el mismo nivel de transparencia, responsabilidad y mejora continua a los socios externos que participan en la protección del negocio.

En conjunto, los datos de Cybersecurity Trust Reality 2026 pintan un panorama en el que las empresas se enfrentan a una doble batalla: por un lado, contra una nueva ola de ciberamenazas y atacantes cada vez más sofisticados y persistentes, y por otro, contra la incertidumbre que genera no saber con exactitud hasta dónde pueden fiarse de quienes les proporcionan las defensas. La confianza, entendida como un riesgo medible y gestionable, se sitúa así en el centro mismo de la ciberseguridad moderna, obligando a proveedores, canal y organizaciones a elevar el listón de la transparencia, la verificación independiente y la responsabilidad compartida.